15 de enero

Castiga Federación a Chihuahua con recursos

Javier Arroyo

Intenta “ahogar” combate frontal a la corrupción e impunidad, denuncia gobernador; no se detendrá la Operación Justicia, advierte

Pueblo y autoridades de Chihuahua sostienen una batalla por la dignidad y contra el pacto de impunidad, después de que el Gobierno de Enrique Peña Nieto negó recursos económicos ya convenidos con la entidad, como represalia ante el alcance nacional de la investigación de la red de corrupción política en la que participó el ex gobernador César Duarte Jáquez.

La exigencia del gobernador Javier Corral, apoyada por el sector empresarial de Chihuahua y de todo el país, por académicos, activistas, artistas, legisladores y líderes políticos de distinto signo partidista es indeclinable: que se depositen los 780 millones comprometidos y se dé trámite inmediato a la solicitud de detención de César Duarte con fines de extradición.

Los que estuvieron
1- Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Nacional
Anticorrupción.
2- Denise Dresser, politóloga.
3- Santiago Creel, panista.
4- Clara Jusidman, presidenta fundadora de INCIDE
Social AC.
5- José Antonio Crespo, analista y politólogo.
6- Alfredo Figueroa, ex consejero electoral.
7- Paulo Díez, abogado.
8- Hortensia Aragón, diputada perredista.
9- Juan Carlos Romero Hicks, senador panista.
10- Giovanna Zacarías, actriz y activista
11- Santiago Nieto, ex fiscal
12- Cecilia Soto; feminista, política, ex diplomática
y ex candidata presidencial.
13- Miguel Alonso Raya, perredista.
14- Daniel Giménez Cacho, actor y activista.
15- Ernesto Ruffo, senador panista.
16- Luis Sánchez, senador perredista.
17- Agustín Basave, diputado perredista.
18- Jorge G. Castañeda, ex canciller.
19- Martha Tagle, perredista.
20- Guadalupe Acosta Naranjo, diputado perredista.
21- Fernando Belaunzarán, perredista.
22- José Octavio López Presa, activista.
23- Roberto Ramos, respresentante de Corral en
la ciudad de México.
24- José Luis Caballero, abogado.
25- Sergio Leyva.
26- Alejandro Chanona, Movimiento Ciudadano.
27- Marieclaire Acosta Académica y activista.

“Que nadie tenga duda. Esta es una batalla por la dignidad, por la soberanía de nuestro estado que muchas veces ha dado muestras de una batalla frente al centralismo que quiere ahogarnos, que quiere someternos, que quiere que estemos de rodillas ante sus decisiones. No nos vamos a dejar y no nos van a doblegar”, señaló el mandatario cuando el jueves 11 de enero agradeció la solidaridad de los empresarios de Chihuahua, plasmada en un desplegado que consideró ya como un referente indiscutible en la historia de México.

Desde el martes 9 de enero, cuando convocó a los chihuahuenses a la plaza pública del Ángel, para informarles a detalle en qué consiste la represalia y la controversia constitucional que promoverá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para enfrentar el incumplimiento unilateral de la Secretaría de Hacienda (SHCP), advirtió que no se detendrá la Operación Justicia para Chihuahua.

“Les ha calado hasta la médula el que hayamos exhibido el modus operandi de la corrupción política, la manera en que se le roba al pueblo los recursos públicos que deben servir para atender sus necesidades, y que destinaron a fines políticelectorales”,expresó.

El gobernador de Chihuahua ¡No está solo! en su lucha, le dijeron al presidente Enrique Peña Nieto más de 400 profesionistas y capitanes de las empresas chihuahuenses que impulsan el Producto Interno Bruto estatal, en el desplegado publicado en la Ciudad de México y en la capital del estado.

“Hemos roto el pacto de impunidad que trasciende las fronteras del estado de Chihuahua, y quieren hacernos pagar las consecuencias. Yo no voy a ceder ante las represalias y los amagos”, advirtió

Javier Corral ante representantes de medios de comunicación de todo el país y corresponsales extranjeros, el lunes 8 de enero, en la Ciudad de México. Consideró que mientras que el Gobierno de Chihuahua ha actuado contra la corrupción, el Gobierno Federal actúa contra el pueblo de Chihuahua.

“No quieren detener a CésarDuarte, pero nos detienen los recursos que necesitamos para seguir saneando las finanzas del estado y poder satisfacer las necesidades de la gente”, explicó.

Después de la denuncia, y ante las respuestas que dieron los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gobernador consideró que se ha dado un manejo manipulador de la información y una intentona de engaño.

Y es que se dieron distintas versiones para explicar el incumplimiento: que el Gobierno del Estado proporcionó mal un número de cuenta, que se carece de suficiencia presupuestal, que hay impedimento jurídico porque está cuestionado el instrumento que permite las transferencias e incluso se habló de depósitos mayores a los presupuestados, pero en relación a las aportaciones y participaciones, a las que son ajenos los convenios firmados.

“No sólo no quieren rectificarla ilegal e injusta venganza que cometen contra Chihuahua, sino que ahora difunden mentiras para tratar de desorientar a la población”, indicó el titular del Ejecutivo estatal.

Cuando agradeció el apoyo sin precedente del grupo empresarial de Chihuahua, Javier Corral advirtió que viene un tiempo complicado para quienes están con la causa del combate a la impunidad.

“También les digo algo y espero que tengan conciencia de ello: estamos parados del lado correcto de la historia y a la larga vamos a salir fortalecidos. A la larga va a ser más lo que ganemos como sociedad y como Gobierno que lo que ahora podamos lamentar o perder”, señaló.

La represalia

La denuncia del castigo económico del régimen contra Chihuahua se hizo ante más de 200 periodistas, articulistas y corresponsales que atendieron la convocatoria del gobernador Javier Corral, en un salón del Hotel Geneve de la Ciudad de México.

Cuatro convenios habían sido firmados el 14 de diciembre de 2017 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el Gobierno de Chihuahua, para transferir fondos por un total de 800 millones de pesos, pero únicamente se depositaron 20 millones, correspondientes a uno de ellos.

Después de que el 20 de diciembre se dio a conocer, como parte de la Operación Justicia para Chihuahua, la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se frenó la entrega de 780 millones de pesos, dejando a Chihuahua en situación difícil para cumplir compromisos de pago en fin de año.

El gobernador Javier Corral recordó que un juez de Control en Chihuahua le dictó a Gutiérrez auto de vinculación a proceso y decretó la prisión preventiva por el delito de peculado agravado por 250 millones de pesos, por su participación en un elaborado esquema de simulación de contratos de prestación de servicios profesionales que nunca se realizaron, y que permitió la sustracción de recursos públicos de los chihuahuenses para emplearse con fines partidistas.

“A partir de dicho anuncio y ante el esfuerzo del combate a la corrupción que lleva a cabo el Gobierno de Chihuahua, por el que ya hay 15 personas, entre procesadas y condenadas en diversas causaspenales, entre exfuncionarios y empresarios que colaboraron con éstos en la trama de simulación de operaciones, se le pretende imponer al pueblo de Chihuahua, insisto, ante este hecho, una represalia económica desde el Gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto”, indicó.

Señaló que con posterioridad a la detención de Alejandro Gutiérrez, ante el incumplimiento de la SHCP se adujeron primero razones de disponibilidad financiera, siendo Chihuahua la única entidad federativa a la que no se le transfirieron recursos, esto es, sólo para el Estado de Chihuahua no hub disponibilidad de fondos.

El mandatario narró que conociendo la buena interlocución del coordinador ejecutivo de Gabinete, Gustavo Madero, con el titular de la SHCP, José Antonio González Anaya, le pidió establecer contacto con el funcionario federal para conocer los auténticos motivos del incumplimiento del convenio.

“González Anaya le dijo a Madero que se había caído la recaudación y, abro comillas: ‘nosotros también estamos teniendo problemas para el cierre’. Lo que no dijo el secretario de Hacienda es que la supuesta baja en la recaudación sólo afectó a Chihuahua”, indicó.

“Delante de mí, Madero preguntó directamente al secretario de Hacienda: ‘A ver Pepe Toño, ¿no se está mezclando en esto otra agenda?’. El secretario contestó: ‘Hay que platicar, hay que platicar’. Y de ahí se convino una reunión”, agregó Corral.

Explicó que la reunión se llevó a cabo el jueves 4 de enero a las 6 de la tarde en el despacho del secretario ubicado en Palacio Nacional, con la presencia de González Anaya, además de Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos, del Procurador Fiscal Max Diener y de Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario.

Por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua, además del gobernador, estuvieron Gustavo Madero y Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda. “Ahí nos fue informado que la investigación por peculado que la Fiscalía de Chihuahua lleva a cabo, pone en entredicho el mecanismo de transferencia de recursos, razón por la cual han tomado la determinación de incumplir de modo unilateral la entrega de los recursos establecidos en los convenios”, explicó el titular del Ejecutivo estatal.

Consideró que dicho argumento carece de asidero jurídico, ya que el delito que se investiga con-siste en el desvío de los 250 millones de pesos para fines distintos para el que fueron entregados, es decir, no se combate la validez del convenio sino la ilegalidad del destino.

“Para nuestra sorpresa, quedó perfectamente claro en la exposición de González Anaya, que el motivo por el que nos dejaron de depositar los recursos convenidos a nuestra entidad es el desarrollo de esta investigación que se dirime en las instancias judiciales en busca de combatir la corrupción política, empleada no sólo para dañar el patrimonio de las y los chihuahuenses, sino para lastimarla equidad de la competencia electoral que es, nada menos, el principio fundamental de la competencia democrática de nuestro país”, enfatizó Javier Corral Jurado.

Dijo que el tema ahora es que la Justicia en Chihuahua ha vinculado a proceso a un alto funcionario de la dirigencia nacional del PRI, cuyo ámbito de actuación también era nacional. “Estamos conscientes que hemos tocado el modus operandi de la corrupción política en México, de la que toda la Nación habla, con la diferencia de que nosotros lo hemos acreditado técnica y documentalmente”, indicó.

Consideró que en este caso nadie se puede dar a la sorpresa por sus acciones contra la corrupción, ya que ese fue su ofrecimiento desde su toma de protesta como gobernador. “El gran reto que tenemos en Chihuahua es romper el pacto de impunidad que atraviesa a los más disímbolos actores políticos, económicos y sociales. Transversal a partidos, poderes, niveles de gobierno. Desmantelar el sistema de corrupción, y parar la escalada de ilegitimidad del poder. Porque juntas, corrupción e ilegitimidad, son las precursoras seguras de la violencia política”, dijo el 4 de octubre de 2016.

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