Suprema Corte admite controversia por Ley de Seguridad

19 de febrero

Suprema Corte admite controversia por Ley de Seguridad

Enrique Rodríguez

Por considerarla una invasión a la soberanía estatal y una vulneración de principios fundamentales de justicia y derechos humanos, el gobernador Javier Corral Jurado, presentó una controversia constitucional para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declare inconstitucional la Ley de Seguridad Interior.

En el texto del recurso presentado, destaca que la Ley de Seguridad Interior vulnera entre otras cosas, la autonomía presupuestaria y financiera de los estados, particularmente del Estado de Chihuahua.

La controversia fue presentada el pasado lunes 12 de febrero y tres días después (15 de febrero), el ministro instructor, Jorge Mario Pardo Rebolledo, admitió el recurso para trámite y ordenó además notificar a las cámaras de Diputados y Senadores, así como al Gobierno Federal, como autoridades responsables, para que rindan un informe en un plazo de 30 días hábiles.

Por lo menos otros 15 actores han presentado recursos de impugnación en contra de esta Ley, sin embargo, el gobernador Javier Corral Jurado es el único mandatario que ha solicitado la declaración de inconstitucionalidad, al considerar que violenta los principios fundamentales de derechos humanos.

En la exposición de motivos, el gobernador señaló que la Ley contraviene la esfera jurídica, la competencia de los municipios en materia de seguridad pública, se trasgrede la autonomía y determinación constitucional de las entidades, pero además, porque se limitan derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales.

“Estamos convencidos de que invade la soberanía del Estado de Chihuahua por parte de las autoridades federales, vulnera nuestra autonomía presupuestaria y financiera y pone en serio riesgo principios y derechos fundamentales como el derecho a la seguridad pública, a la libertad de acceso a la información, a la privacidad y protección de datos personales, a la libertad de reunión, al principio por persona, al principio de progresividad y al derecho a la libertad personal”, explicó el mandatario.

Sostuvo que resulta inconstitucional que una ley como esta, pretenda asignar a una ambigua Ley de Seguridad Interior, funciones a las fuerzas armadas consistentes en actividades que corresponden a la seguridad pública y por lo tanto a las autoridades civiles según se establece en el Artículo XXI de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.

Nos parece muy delicado –acotó— que el presidente de la República pueda solicitar por sí mismo, sin que medie solicitud del Poder Ejecutivo de una entidad o de la Legislatura estatal, disponer de las fuerzas armadas para instaurar una intervención militar en un estado o en determinada zona geográfica del país y “aquí es donde encuentra mayor sentido nuestra oposición a esta Ley, toda vez que el diseño legislativo en esta materia, prefirió un modelo de sustitución de autoridades civiles por autoridades militares, en lugar de un modelo de coadyuvancia y coordinación efectiva”.

El Gobernador Corral reconoce y agradece el compromiso de las fuerzas armadas en la defensa de la soberanía nacional, así como a favor de la paz interna, así como también, la necesidad de contar con un marco jurídico que defina la colaboración de las filas castrenses en apoyo a las autoridades civiles.

Sin embargo, dijo, consideramos que esta nueva Ley, en lugar de dar certeza jurídica a la encomiable colaboración de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada, termina desnaturalizando su función constitucional y legal, arriesgándolas innecesariamente a enfrentar el fenómeno delictivo, bajo un entrenamiento que está destinado para otros fines como el de la guerra.

Cabe señalar que desde el momento en que fuera aprobada por el Congreso de la Unión, el Gobernador Corral señaló que la Ley de Seguridad Interior violenta principios fundamentales de derechos humanos y pidió a los legisladores federales que reconsideraran la redacción del texto aprobado. Empero, al no ser escuchado, recurrió a la controversia constitucional.

Lo más preocupante, expresó al presentar el recurso ante la Suprema Corte, es “la vaguedad en cuanto a la definición de que el Ejecutivo Federal pudiera determinar, de manera unilateral, y sin haber recibido la petición expresa de la entidad correspondiente, una intervención militar en alguna entidad”.

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