3 de septiembre

Dará Estado pelea legal ante exoneración de Gutiérrez

De la redacción

Alistan amparo y denuncias penales contra agentes del Ministerio Público que decidieron no acusar al detenido

Los cargos

- Desvió 250 mdp del pueblo chihuahuense.
- Para ello, se simularon contrataciones públicas
- Utilizó empresas fantasmas y de su propiedad

Las pruebas

- Documento bancarios (recibió parte del recurso en sus cuentas bancarias).
- Documentos públicos. Utilizó a su empresa Jet Combustibles para simular contrataciones con el Estado de Chihuahua.
- Documentos personales. Aportó su documentación para las simulaciones.
- Testimonios directos. Personas lo señalan como el autor de los desvíos.

El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Jorge Espinoza Cortés, informó que se buscará el amparo para evitar que surta efecto la resolución emitida por el Juez Federal de Control que sobresee la causa en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez por el delito de peculado por 250 millones de pesos.

El sobreseimiento se derivó de que el Ministerio Público de la Federación decidió no acusar al imputado, constituyéndose técnicamente en la defensa de oficio de Alejandro Gutiérrez, explicó el consejero del Estado.

Luego de que el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia dictara el sobreseimiento del caso la noche del viernes 31 de agosto, concretándose la burda estrategia de exoneración denunciada por el gobernador Javier Corral Jurado un día antes, del Consejero Jurídico explicó que buscarán que la resolución quede sin efecto, a fin de que el detenido siga preso en el estado de Chihuahua.

Espinoza Cortés anunció que se interpondrán denuncias penales en contra de los agentes del Ministerio Público de la Federación que decidieron no acusar al detenido y quejas administrativas ante la Función Pública y los órganos de control que correspondan.

Al término de la audiencia celebrada en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, el titular de la Consejería del Estado explicó que el Ministerio Público de la Federación, PGR, decidió no acusar al imputado Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, constituyéndose técnicamente en la defensa de oficio de dicha persona, por lo cual le solicitó al juez de la causa, Marco Antonio Fuerte, que sobreseyera el caso.

“El juez accedió a la petición, toda vez que el ejercicio de la acción persecutoria le corresponde al Ministerio Público, por lo cual, ante la solicitud de sobreseimiento y al manifestar que no iban a hacer la acusación, el juez tomó la determinación de sobreseer la causa”, indicó.

Sin embargo, señaló que dicho sobreseimiento es recurrible, por lo que se estará presentando un amparo ante un juez de Distrito a efecto de que suspenda los efectos de la resolución y no quede firme, y pueda ser un juez de Amparo quien revise si la resolución emitida por el juez de Control se encuentra ajustada a derecho.

En conferencia de prensa la mañana del viernes 31, el gobernador Javier Corral Jurado adelantó que derivado del curso de la audiencia y de los hechos, la Administración estatal presentará las demandas de amparo que resulten procedentes, así como las denuncias penales en contra de los servidores públicos y funcionarios del nivel que sea, por llevar a cabo maniobras para proteger a Gutiérrez Gutiérrez.

“Acudiremos también a todas las instancias internacionales para denunciar las evidentes irregularidades y la manipulación descarada de la Procuraduría General de la República y sus operadores, empezando por su encargado, que pretende dejar impune este caso tan importante en la historia del combate a la corrupción en nuestro país”, declaró el mandatario ante los medios de comunicación.

Denunció que el gobierno Federal intenta sepultar a cualquier costo el caso de corrupción política con mayor evidencia probatoria en los últimos años en el país, “porque toca, ni más ni menos, al ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, y al propio presidente de la República”.

Corral Jurado lamentó que se haya mantenido la intención del Gobierno de la República de liberar a cualquier costo a Gutiérrez Gutiérrez “porque el papel que juega en la operación que se conoce como Zafiro, ha puesto en jaque al régimen corrupto y corruptor de Peña Nieto”.

“Y porque protegiendo a Gutiérrez, en realidad se protegen a sí mismos, el asunto toca los más altos niveles de responsabilidad política en México, ni más ni menos el ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, y el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, porque no es posible admitir que una operación se haya dado sin el consentimiento del presidente de la República”, expresó.

El titular del Ejecutivo estatal pidió a los medios de comunicación del estado y a todos los generadores de contenidos a través de las distintas plataformas de redes socio-digitales e Internet, que ayuden a difundir este mensaje y llamó a la solidaridad del pueblo de México con la justicia que Chihuahua porque “permitir este atropello, sería un atropello para toda la nación”.

El mandatario estatal advirtió desde la noche del jueves 30 de agosto, sobre una burda treta de la Procuraduría General de la República (PGR) para que la pieza clave en el saqueo de recursos públicos para financiar campañas del PRI, obtenga su libertad.

En un mensaje, Corral adelantó que la estrategia incluía el desistimiento de todo cargo penal por parte de la PGR ante el juez federal y recapituló la serie de acontecimientos de los últimos días, en ese nado sincronizado a favor de Gutiérrez.

Y es que previamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió desechar el recurso presentado por el Estado de Chihuahua para que revisara la actuación irregular de un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, que federalizó el caso de la triangulación de recursos al CEN del PRI que involucra a Gutiérrez.

Además, el jueves 30, unTribunal Colegiado revocó la prisión preventiva impuesta a Gutiérrez por un juez de Control del Distrito Judicial Morelos, en relación al expediente que abrió la Fiscalía General del Estado en otro caso de desvío de recursos públicos por una cantidad distinta a la del expediente federal.

En la conferencia de prensa, el Ejecutivo estatal hizo un llamado a Marco Antonio Fuerte Tapia, juez federal de Control con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, para que hiciera un análisis objetivo y riguroso de todo el expediente y pospusiera la audiencia programada para ese viernes 31 de agosto.

El gobernador solicitó al juzgador posponer la audiencia, hasta en tanto no se resuelva en definitiva, el amparo que interpuso el Gobierno del Estado de Chihuahua, sobre el reconocimiento de la calidad de víctima del estado, toda vez que la ley señala la conformidad de la víctima para el sobreseimiento.

Sin embargo, la audiencia se llevó a cabo y el juez de Control resolvió el sobreseimiento del caso, mientras que en Chihuahua, la Fiscalía General del Estado resguardaba las inmediaciones del Cereso.

Originalmente la audiencia fue programada para realizarse a las 9:30 de la mañana del viernes (tiempo de la Ciudad de México), que luego fue cambiada para realizarse a las 7 de la mañana y finalmente fue diferida para las 19 horas.

Apenas días atrás, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió desechar el recurso presentado por el Estado de Chihuahua para que se revisara la actuación de un Tribunal Colegiado que atrajo el caso de Alejandro Gutiérrez a la Ciudad de México, motivo por el cual la carpeta de investigación fue puesta a disposición Fuerte Tapia.

¿Quién es Alejandro Gutiérrez?

Ex secretario general adjunto del PRI Nacional, procesado por su participación en el desvío de recursos públicos por 250 millones de pesos a las campañas electorales de su partido, durante el sexenio de César Duarte Jáquez.

En diciembre de 2017
Fue capturado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, instancia que inicia proceso penal y desde entonces se observa una coordinación con la defensa jurídica de Gutiérrez que pone en duda la solidez de principios, honestidad e imparcialidad de algunos funcionarios del Poder Judicial Federal y de la PGR:

1. En febrero de 2018, la defensa de Gutiérrez presentó una solicitud de inhibitoria en la Ciudad de México por considerar que un juez federal era quien debía juzgar el caso y no uno local.

2. Para llevar a cabo esta audiencia se habían nombrado al juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia, pero justo antes de iniciarla, fue sustituido por el Juez y Administrador del Centro de Justicia, Gerardo Moreno, señalado por haber llevado también el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, procesado por peculado y delincuencia organizada.

3. De forma irregular, sin pruebas ni base legal, el juez federal resolvió en esa primera audiencia que el dinero desviado por A. Gutiérrez, A. Tarín y G. Villegas, provenía de fondos federales asignados a Chihuahua, por lo que debía conocer sobre el caso. Con ello, modificó ilegalmente los hechos para convertir el delito perseguido por la fiscalía estatal, en materia federal.

4. En su resolución, el juez Moreno García ordenó al Juez de Control que lleva los casos en Chihuahua, que pusiera a su disposición a los imputados, así como los expedientes del caso, intimidándolo con que, de no hacerlo en un máximo tres días, se le impondría una cuantiosa multa.

5. Sin esperar a que el juez local resolviera si aceptaba o rechazaba dejar de conocer del caso como se le solicitaba, el juez Moreno comenzó un conflicto competencial: solicitó a una autoridad superior, el Décimo Tribunal Colegiado en la Ciudad de México, que decidiera sobre quién era el juez que tenía competencia para conocer del caso.

6. En un primer momento, el Décimo Tribunal Colegiado de la Ciudad de México integrado por Carlos López Cruz, Olga Mejía Sánchez y Silvia Estrever Escamilla, desechó el planteamiento del juez federal, coincidiendo con los criterios de que correspondía a un Tribunal Colegiado de Chihuahua resolver el conflicto de competencia.

7. Días después, de forma inusual y extralimitando los derechos y garantías de la parte agraviada, es decir, el Estado de Chihuahua, revocó su propia determinación y aceptó a trámite la solicitud, para finalmente resolver que sí correspondía conocer del asunto al Juez de Distrito Administrador del Centro de Justicia Penal Federal, Gerardo Moreno García.

8. La resolución del Décimo Tribunal Colegiado de Circuito se emitió en un mismo día y fuera de los horarios laborales, lo cual es inusual y evidentemente careció del tiempo necesario para ser exhaustiva e imparcial.

9. El Gobierno del Estado de Chihuahua interpuso una queja ante el Consejo de la Judicatura y un Recurso de Revisión ante la Suprema Corte de Justicia, sin embargo, a diferencia de las rápidas resoluciones anteriores, estos recursos presentados en marzo y abril, ni siquiera han sido admitidos.

10. Una vez asumida la competencia, el juez Moreno ordenó al director del Cereso Aquiles Serdán en Chihuahua (donde se encuentran detenidos Alejandro Gutiérrez, Antonio Tarín y Gerardo Villegas) que le entregara a los imputados para ser trasladados a un reclusorio en la Ciudad de México.

11. La Consejería del Estado interpuso una demanda de Amparo, solicitando que se suspendiera el traslado de los detenidos a otra ciudad, ya que podría afectar al menos 6 juicios adicionales.

12. El Tribunal Colegiado de Circuito en el Estado de Chihuahua, en un solo día resolvió que se dejara sin efectos la suspensión provisional.

13. El juez Moreno celebró dos audiencias extraordinarias los viernes 4 y 11 de mayo, fuera de los horarios laborales y a través de videoconferencia desde la Ciudad de México.

14. Desde esa primera audiencia, impidió que el Gobierno del Estado estuviera representado, incluso expulsó de la sala a sus representantes jurídicos, lo que demuestra una evidente parcialidad hacia los imputados.

15. Además, pretendió invalidar actuaciones que están en el expediente y eliminar la reserva de identidad y criterios de oportunidad a los que se han acogido personas que son testigos clave en los hechos delictivos vinculados con la administración de César Duarte.

16. El viernes 11 de mayo a las 9 de la noche, el juez Moreno García celebró una audiencia, él desde la Ciudad de México vía videoconferencia, con la presencia de los imputados en las instalaciones del Poder Judicial Federal en Chihuahua.

17. Antes de que terminara la audiencia, solicitó a la Policía Federal que condujera a los detenidos hasta el Aeropuerto Roberto Fierro, para que fueran puestos materialmente a su disposición y trasladados a la Ciudad de México, en un jetde la Secretaría de Gobernación que ya los esperaba.

18. En esa misma audiencia, en una decisión inconstitucional y violatoria de todo derecho, el juez Moreno García ordenó que otro proceso penal que existe contra A. Gutiérrez –por el desvío de mil 700 millones de pesos– fuera atraído también por ese juzgado federal para resolver al respecto en la Ciudad de México.

19. Ante las evidentes artimañas jurídicas para sacar de Chihuahua a como diera lugar a personajes clave en las investigaciones contra el prófugo de la justicia, César Duarte Jáquez, la Policía Estatal impidió el traslado de los imputados hacia el aeropuerto y aseguró su regreso al Cereso local, donde se encuentran actualmente.

20. La SCJN resuelve desechar el recurso presentado por el Estado de Chihuahua para que revisara la actuación irregular de un Tribunal Colegiado de la CDMX, que federalizó el caso de la triangulación de recursos al CEN del PRI que involucra a Gutiérrez.

21. El 30 de agosto el Tribunal Colegiado revocó la prisión preventiva que enfrentaba Gutiérrez, en el proceso penal del fuero local, también por desvío de recursos, que lo mantenía interno en el Estado de Chihuahua. Por lo que sólo le restaría la prisión preventiva del proceso federal por la triangulación de recursos.

Todos estos elementos comprueban que funcionarios del Poder Judicial y de la Procuraduría General de la República han actuado bajo consigna de la más alta autoridad federal y que el objetivo final es seguir encubriendo a César Duarte Jáquez y a otros políticos del ámbito nacional.

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