10 de septiembre

PGR detuvo, obstaculizó y desechó investigación contra Gutiérrez: gobernador

De la redacción

Deja Gobierno de Peña Nieto legado de corrupción política y descomposición del sistema judicial, afirma Javier Corral Jurado

En rueda de prensa en la Ciudad de México, el gobernador Javier Corral Jurado enlistó la serie de componendas y omisiones que demuestran la colusión de la Procuraduría General de la República (PGR) para exonerar y encubrir a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, y denunció que dentro de esa institución no hay condiciones de legalidad, ni de honradez, ni de respeto a la ley.

“Es menester que la opinión pública del país sepa del grado de contubernio, del grado de componenda, de inacción y de omisiones llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República para exonerar al secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez”, expresó el mandatario en la Casa Chihuahua de la Representación del Gobierno del Estado.

Acompañado de diputadas y diputados federales de Chihuahua, Javier Corral identificó a la PGR como guardaespaldas del presidente Enrique Peña Nieto, y entra las omisiones de esa institución dijo que no mandó llamar a declarar al titular del Ejecutivo federal ni a varios de sus colaboradores en el Gabinete, mencionados en las investigaciones sobre la triangulación para desviar recursos públicos.

Dijo que al desistirse de la acción penal contra Gutiérrez sin configurarse ninguno de los dos supuestos permitidos por la ley (que la conducta señalada no constituya delito o que no se acredita la responsabilidad de la persona imputada por falta de pruebas) la propia PGR comete un delito.

Javier Corral consideró que el de Enrique Peña Nieto en sus seis años de Gobierno, es un legado de corrupción política y descomposición del sistema de procuración e impartición de justicia.

El titular del Ejecutivo estatal anunció que además del recurso de Amparo contra la resolución del juez, se presentará un escrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitándole que presente un recurso de apelación por el sobreseimiento que dictó el Juez de Control, considerando el carácter de ofendido que el juez le otorgó al Gobierno Federal, cuando determinó hacer a un lado al Gobierno del Estado.

“Lo que vamos a acreditar con ello es otro hecho más de la colusión, en donde no le interesa al Gobierno Federal la recuperación de los recursos desviados”, explicó Javier Corral.

El gobernador de Chihuahua indicó que no solo son cínicas las declaraciones de la PGR, son vergonzantes y desproporcionadas, después de consumar la audiencia con el resultado que se anticipó, tal cual, 24 horas antes.

“El caso Gutiérrez marca el deterioro institucional, ético, moral, político de la procuración y de la impartición de justicia en México. No presentar acusación en su contra, argumentar contra todo el caudal probatorio que la Fiscalía General del Estado desahogó en esa misma audiencia, y solicitar el sobreseimiento del proceso al juez penal federal Marco Antonio Fuerte, muestra una operación de encubrimiento y protección”, agregó.

Dijo que al decir que el Estado de Chihuahua obstaculizó la investigación y le impidió llevar a Alejandro Gutiérrez a un juicio, se marca y quedará marcado el Gobierno de Enrique Peña Nieto como uno de los más corruptos y corruptores, y protectores de la impunidad en nuestro país.

Explicó que fue la propia Fiscalía de Chihuahua, quien tras investigaciones serias y objetivas, recabó la evidencia documental, técnica y testimonial necesaria para conseguir una orden judicial de captura en contra de Gutiérrez, después un auto de vinculación a proceso, y posteriormente conseguir que el Juez de Amparo confirmara la resolución anterior.

Detalló que desde el 3 de febrero del presente año, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) recibió la carpeta de investigación original y monopolizó las indagatorias a partir de que ejerció la facultad de atracción del caso.

Agregó que el 8 de febrero, por orden del Juez Penal Federal, Gerardo Moreno, tras resolver la federalidad del caso, se le remitió copia certificada de la misma carpeta de investigación (la cual se había entregado previamente a Fepade), específicamente a su Agente del Ministerio Público adscrito al Reclusorio Norte.

Dijo que después, el 6 de abril, se resolvió el conflicto competencial por un Tribunal Colegiado de Circuito de la Ciudad de México, confirmando la federalización del delito atribuido a Alejandro Gutiérrez, tal y como lo había resuelto el Juez Gerardo Moreno previamente, a solicitud de la defensa.

Destacó que de nueva cuenta, en ese momento se excluyó al Estado de Chihuahua de cualquier intervención en la investigación y en el proceso.

Javier Corral señaló que a partir de la fecha, la investigación en contra de Alejandro Gutiérrez, quedó a cargo única y exclusivamente de la PGR, quien recibió todas y cada una de las actuaciones y registros de investigación del caso por parte de la Fiscalía de Chihuahua, cuyo original, se destaca, estaba en manos de Fepade, desde inicios de año.

Explicó que por lo tanto, la PGR quedó como responsable de dirigir y coordinar las investigaciones en contra de Gutiérrez, teniendo a su disposición a toda la infraestructura de la institución federal, sus herramientas especializadas de investigación, sus convenios con otras dependencias e instancias para generar información, sus cuerpos técnicos científicos para investigar esta clase de delitos de alto impacto social y de naturaleza financiera, y su red de investigadores a lo largo y ancho del país.

Sin embargo, indicó el gobernador, a pesar de contar con tales ventajas y comodidades para averiguar el caso, la PGR detuvo, obstaculizó y desechó la investigación realizada contra Gutiérrez, cuyas pruebas obtenidas en un primer momento por la Fiscalía de Chihuahua habían sido ya valoradas positivamente por diversos jueces penales y jueces federales al resolver órdenes de aprehensión, vinculaciones a proceso, sentencias y juicios de amparo.

Señaló que la PGR, tras acaparar de forma exclusiva el proceso penal de Alejandro Gutiérrez con la federalización del asunto, nunca llevó a cabo los actos de investigación serios, idóneos, pertinentes, y sobre todo responsables, para el seguimiento y continuidad del caso.

“En la campaña pues no se diga, fueron solícitos, eficaces y prontos en la investigación del Caso Anaya por ejemplo, todos nos dimos cuenta cómo se preocuparon por investigar toda la supuesta ruta del dinero, con expertos, incluso a nivel internacional, otorgaron criterios de oportunidad a implicados colaboradores para que declararan sobre los hechos, judicializó a los involucrados, bueno, hasta micrófonos colocó en sus oficinas cuando acudió a entregar una promoción el imputado, que por cierto nunca se le notificó tal carácter”, explicó.

“Resulta entonces un descaro que la PGR y su encargado venga ahora a decir que el Estado de Chihuahua no hizo su trabajo y que por ello no acusaron, cuando fue gracias al trabajo de la Fiscalía General de Chihuahua que se investigó este caso de triangulación de recursos, como ejemplo a nivel nacional del combate a la corrupción”, agregó.

Detalló que la PGR se dedicó a censurar y desestimar su propia prueba de la acusación, tal y como si fuera o sustituyera a la misma defensa, en un ejercicio de litigio nunca antes visto.

El titular del Ejecutivo estatal dijo que es increíble que señale que los testimonios presentaban inconsistencias, cuando esos testimonios fueron valorados positivamente en múltiples sentencias de juicios de amparo por jueces de distrito, dentro de sus sentencias emitidas en relación al caso, incluso estas mismas consultables por todos los medios de comunicación en sus detalles y contenido (juicios de amparo: 677/2017, 685/2017, 1015/2017, 954/2017, 67/2017).

Javier Corral indicó que incluso, esa misma prueba fue valorada también en múltiples órdenes de aprehensión, vinculaciones a proceso, sentencias condenatorias, y apelaciones.

“También resulta un descaro que señale que no tuvieron acceso a los testimonios, cuando tenían el control único de la carpeta de investigación, y de todo registro de la misma, y de todo lo que se estuvo resolviendo referente al caso”, indicó.

Reiteró que le tocaba a la PGR, y a nadie más, responsabilizarse del caso de Alejandro Gutiérrez “pero sucedió al contrario, la PGR violó su obligación de perseguir el delito, de proteger a la víctima, de garantizarle la reparación del daño, y de evitar que los responsables del delito queden impunes”.

“Ya sabemos que esta PGR no sirvió para investigar la corrupción política de ningún caso, ni del socavón exprés, ni de la estafa maestra, ni de Etileno, ni de Odebrecht, ni de Javier Duarte, ni de César Duarte, al que siguen protegiendo con un proceso de extradición obstaculizado, detenido y todos los demás casos que quieran sumarle, empezando por el de la casa blanca de Peña Nieto o la casa de Malinalco de Luis Videgaray”, señaló Javier Corral.

Lo que no hizo la PGR

1. No solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la totalidad de la información bancaria que permitiera seguir la ruta del dinero desviado, objetivo principal de una investigación del delito de corrupción.

2. No solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera de PGR —que conjunta expertos forenses de alta y solvente preparación y capacitación—, un análisis detallado y minucioso de la ruta del dinero desviado conforme a la información que ya había sido recabada por la Fiscalía de Chihuahua. No consideró que parte de ese dinero desviado había entrado formal y materialmente a las cuentas bancarias de Alejandro Gutiérrez. Pruebas que son preponderantes en un delito de corrupción.

3. No ordenaron el embargo precautorio de bienes para garantizar la reparación del daño.

4. No solicitó información al SAT para conocer la situación financiera y contable de las empresas utilizadas para desviar el recurso, incluido de JETCOM, propiedad de Gutiérrez Gutiérrez.

5. No solicitaron al Juez de Distrito, autorización para investigar los correos electrónicos y demás medios de comunicación de los implicados en el desvío del recurso, incluido Alejandro Gutiérrez.

6. No identificaron, ni declararon, a las personas del CEN del PRI, que se reunieron con los implicados para buscar “encubrir el desvío”.

7. No entrevistaron a los socios ni contadores de Alejandro Gutiérrez, para conocer la operación de la empresa “Jetcom” utilizada para desviar dinero público.

8. No le reconocieron el carácter de víctima al Estado de Chihuahua, a pesar de múltiples peticiones en ese sentido, para coadyuvar con las investigaciones, contrario a lo que señalan. No hay más interesado de que se esclarezca el caso y que no quede impune, que el Estado de Chihuahua, quien sufrió el agravio directo por el delito cometido, y el menoscabo multimillonario en sus arcas públicas, que perjudicó al Pueblo de Chihuahua.

9. No persiguió ni ejército acción penal en contra de los apoderados legales de las empresas Sisas, Sinax, Samex y Futura, utilizadas para extraer el recurso de las arcas del Estado mediante contrataciones simuladas. Dichas empresas, declaradas formalmente “fantasmas” por el SAT, mediante publicaciones en el Periódico Oficial de la Federación.

Al contrario infantilmente, y en contra de toda lógica de una investigación seria, envío a la Policía Federal a entrevistar a dichos representantes para registrar de cada uno de ellos en entrevista, la manifestación de que sí habían prestado un servicio efectivo al estado de Chihuahua para justificar la salida de más de 200 millones de pesos, cuando toda la prueba señalaba lo contrario, pero además cuando el propio SAT las declaró fantasmas, y por tanto imposible que prestarán servicio alguno.

10. No persiguió ni ejerció acción penal en contra del hijo de Alejandro Gutiérrez, quien fungía como representante legal de la empresa propiedad de este último, “JetCom”, y quien habría firmado la contratación simulada que permitió la salida de 4 millones de pesos del erario de Chihuahua para su desvío. Además de ser señalado por testigos también como operador de dicho desvío.

11. Y sobre todo, nunca citaron a declarar a Luis Videgaray, Manlio Fabio Beltrones, José Antonio Meade, José Antonio González Anaya, Isaac Gamboa, Marcela Andrade, al mismo presidente Peña Nieto, entre otros personajes, funcionarios partidistas y de la Secretaria Federal, mencionados en las investigaciones como poseedores de información de los hechos y conocedores de datos relevantes de los mismos. En lugar de ello, entrevistaron a los apoderados de las empresas declaradas “fantasmas” para que aclararan que sí prestaron el servicio que justificó la salida del dinero.

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