Busca Peña Nieto asegurar impunidad

5 de noviembre

Busca Peña Nieto asegurar impunidad

De la redacción

Llama Corral a Conago a atender controversia; de no atajarse trastocará soberanía de estados, advierte

El gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, advirtió que el amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al presidente Enrique Peña Nieto, no sólo es un instrumento para frenar las indagatorias de Chihuahua sobre corrupción política, pues de continuar la suspensión provisional que resolvió el ministro Eduardo Medina Mora, constituirá uno de los más graves atropellos al sistema federal y a la soberanía de los estados.

El titular del Ejecutivo estatal indicó que de concretarse y no atajarse esta suspensión, constituiría uno de los más graves atropellos al sistema federal que protege la Constitución General de la República, porque iría directamente en contra de todas las fiscalías de los estados y de todas las entidades federativas del país.

Por ello, señaló, se presentarán de inmediato dos recursos en contra de la admisión de la Controversia Constitucional de Peña Nieto: uno de impugnación del acuerdo que es a todas luces improcedente y otro, una queja en contra del incidente por el que se piden las copias de todas las actuaciones ministeriales.

Explicó que con dicho acto de Reclamación, se busca precisamente la suspensión del Acuerdo admisorio de la Controversia Constitucional, para que no surta los efectos que busca el Gobierno federal y se vuelva a revisar por el Pleno de la SCJN.

“Estamos confiados en que la Corte no se dejará presionar y no se dejará arrastrar en esta desesperación del último tramo del presidente de la República, que va a mantener su autonomía, su independencia, que va a cuidar su prestigio”, indicó.

“Nos parece realmente de escándalo. Qué manera de terminar el sexenio del Presidente de la República. Hoy podríamos ilustrarlo gráficamente: va a quitarse la banda presidencial del pecho y se quiere llevar un amparo en el bolsillo. Define esta circunstancia el ocaso de un régimen corrupto y corruptor”, señaló.

Esta situación promovida por el presidente Peña Nieto, enfatizó Corral, ha planteado un supuesto conflicto competencial con todos los poderes del Estado de Chihuahua, no sólo con el Ejecutivo (estatal).

“Cuidado con que se piense que esto afectaría única y exclusivamente el ámbito de competencias de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y de su soberanía estatal; sería un gravísimo antecedente de atropello al sistema federal”, subrayó.

Por eso convocó a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), a permanecer atenta al desarrollo de este “amparo buscador”, porque se trastocaría seriamente la soberanía de los estados.

Destacó que el caso del estado de Durango, donde se investiga a las mismas empresas relacionadas con las triangulaciones de recursos descubiertas en Chihuahua, puede ser otro elemento en la decisión del presidente de presentar esta Controversia, “al ver que la chispa prendida en Chihuahua en términos de la develación de la Operación Zafiro, pueda extenderse a otras entidades”.

Señaló que el presidente hace uso de los instrumentos del estado porque siente que se le investiga por el conjunto de los hechos y luego de que él señalara que las cinco nuevas órdenes de aprehensión que obsequiaron los jueces de control contra César Duarte, las presentarían hasta que llegara el próximo Gobierno de la República, a consecuencia de la actuación mostrada por la Procuraduría General de la República (PGR) en este caso.

El gobernador Javier Corral sostuvo que la admisión de la Controversia es inédita y a todas luces, notoriamente improcedente, pero lo verdaderamente vergonzoso, escandaloso, son los términos de la suspensión que ordena entregar copia de todas las actuaciones reclamadas como inválidas: indagatorias, investigaciones, actuaciones y hasta las reuniones de la Fiscalía General del Estado.

Abundó que en primer lugar, eso plantea una violación a la secrecía de las investigaciones que se realizan por parte del ministerio público que investiga hechos no personas y que de la investigación de los hechos surgen presuntas responsabilidades que pueden ser del fuero común o federal y según el caso, el MP ha de tomar el camino legalmente correcto.

“Entonces lo que se está buscando es un paso más del plan de impunidad trasexenal, conocer las investigaciones. Está aquí en toda su dimensión un acto de protección personal, donde el presidente de la República utiliza los instrumentos de Gobierno para blindarse e intentar arrastrar a la Suprema Corte, en su desesperación, al desprestigio en el que se sumió el Gobierno que encabeza”, señaló.

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