Cambio 16 de Chihuahua

Pide gobernador a AMLO desistirse de controversia promovida por Peña Nieto


Pide gobernador a AMLO desistirse de controversia promovida por Peña Nieto

El oficio entregado por Javier Corral busca que quede sin efecto la suspensión ordenada por la Suprema Corte de Justicia

21 de enero

El gobernador Javier Corral solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador que su Gobierno se desista ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la controversia constitucional promovida por su antecesor, en la que se pidió la suspensión de cualquier acto de los poderes del Estado de Chihuahua en contra de funcionarios o ex funcionarios federales, dentro de las investigaciones que realiza por corrupción política y desvío de recursos públicos.

El oficio DE-09/2019, firmado por el mandatario estatal, fue recibido el 16 de enero en la Oficialía de Partes del Gobierno de la República y de recibir respuesta positiva, quedará entonces sin efecto la suspensión ordenada por la SCJN, por lo que cada poder del Estado de Chihuahua podrá continuar con sus funciones.

El consejero jurídico del Gobierno del Estado, Jorge Espinoza Cortés, explicó que el presidente López Obrador tiene la posibilidad de girar instrucciones a su consejero jurídico Julio Scherer Ibarra para que tramite el desistimiento de la controversia constitucional que, dijo, se trata más bien de un amparo simulado a favor de los ahora ex funcionarios.

“En el documento se le pide al presidente que como Gobierno se desista de aquellos actos que reclaman, porque consideramos que son improcedentes”, agregó Espinoza Cortés.

Recordó que desde el 10 de diciembre de 2018 se presentó al consejero jurídico Julio Scherer Ibarra un primer escrito de solicitud de desistimiento de la citada controversia constitucional, del cual aún se espera respuesta; ahora, la solicitud se realiza directamente por el gobernador Javier Corral al presidente de la República.

El documento firmado por el titular del Ejecutivo destaca la verdadera pretensión de quienes promovieron dicha controversia constitucional, que es “transfigurar una noble y fundamental institución de nuestra régimen democrático, cuyo fin es la protección del orden constitucional, para convertirla en un fuero protector permanente para funcionarios federales, que busca la impunidad en el fondo, abandonando las tesis y principios de legalidad y estado de derecho”.

En el documento, el gobernador chihuahuense advierte de una total improcedencia en la intención de la Consejería del Ejecutivo Federal, ya que pretende la parte actora detener y obstaculizar cualquier diligencia ministerial o judicial relacionada con el ejercicio de su encargo, ya que como es sabido, dichos actos son de orden público y de interés social.

Explica además que la pretensión del ex presidente Peña Nieto, que se hace extensiva a cualquier servidor público federal para que no pueda ser investigado en algún estado, es indudablemente la obtención de un fuero permanente disfrazado de controversia constitucional, que raya en la impunidad y que servirá a diversos servidores públicos para no ser investigados o juzgados bajo ninguna circunstancia, lo que traería como principio abandonar los principios de legalidad y estado de derecho en un régimen democrático.

La controversia fue presentada por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, a través del titular de la Consejería Jurídica, Misha Leonel Granados Fernández, documento que fue recibido por la SCJN el 9 de octubre de 2018, y quien una semana después presentó una ampliación de la demanda inicial para agregar los conceptos de invalidez. Ahí solicitó invalidar diversos actos que pudieran ejercer los diferentes poderes del Estado de Chihuahua.

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