Cambio 16 de Chihuahua

Cambio 16 No. 52
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Demanda en FEPADE por retención ilegal de salarios a burócratas

19 de diciembre de 2016

Demanda en FEPADE por retención ilegal de salarios a burócratas

Alejandro Salmón

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El pasado 5 de diciembre, la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), una denuncia para que se investiguen penalmente los descuentos que se realizaron ilegalmente a los servidores públicos en el sexenio anterior.

Tan sólo entre enero y diciembre de 2015, y únicamente considerando las retenciones de la Administración Pública Estatal centralizada, fue retenida una cantidad de 14,617,881.00 pesos. El monto del total retenido al sector centralizado y entregado al Partido Revolucionario Institucional durante la administración 2010-2016, supera los 79 millones de pesos. La cantidad retenida es mayor a los 79 millones, al considerar los descuentos realizados directamente en los organismos para estatales y descentralizados.

La forma en la que era retenido el dinero a los servidores públicos y entregado al Secretario de Administración y Finanzas del PRI es la siguiente:

¿Por qué representa esto un delito? ¿Por qué es tan grave el utilizar las instancias de Gobierno para hacer retenciones o pagos a algún partido político? ¿Cómo afecta esto la vida democrática del estado?

1. ¿Por qué es tan grave y por qué representa un delito?
Porque ningún funcionario puede pedirle a otro cuota alguna para partido político, ya que la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece en su artículo 11, una pena de dos a nueve años de prisión para aquel servidor público que “Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política”.

2. ¿Por qué es un delito aún y cuando se contara con una “carta de autorización” del descuento?
Cuando algún militante o simpatizante desea hacer aportaciones a su partido, estas deben realizarse directamente y no a través del Gobierno. Por lo anterior, incluso en aquellos casos en que una persona hubiera “autorizado” dar dinero a su partido, es ilegal que esta aportación se hiciera mediante un descuento de la Secretaría de Hacienda.

Si embargo, en la mayoría de estos casos, las personas a las que se les realizaron descuentos no eran militantes ni simpatizantes del partido y fueron amenazadas con perder sus trabajos en caso de no aceptar estos descuentos, lo que implicaría otra serie de irregularidades que serán sancionadas.

3. ¿Cómo afecta esto la vida democrática del estado?
El Gobierno del Estado influyó en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, al otorgar recursos públicos al Partido Revolucionario Institucional, violando con ello lo que establece en su Artículo 134 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además de las sanciones administrativas y penales aplicables a los servidores públicos que ilegalmente retuvieron salarios y emitieron pagos al partido político, las autoridades electorales determinarán en su momento las sanciones aplicables al propio partido político, por la omisión del registro del dinero recibido, entre otras irregularidades.

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