Cambio 16 de Chihuahua

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‘Seguirá el combate a la corrupción con o sin Congreso’

17 de julio

‘Seguirá el combate a la corrupción con o sin Congreso’

De la redacción

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Al negar proyecto de reformas se perjudicó a sí mismo: Jáuregui Robles.

El Estado seguirá cumpliendo con el combate frontal a la corrupción, con o sin ley para un sistema estatal, contemplado en la iniciativa de reformas constitucionales que propuso el Poder Ejecutivo, y que el Congreso del Estado se negó a discutir y votar en su reciente período extraordinario de sesiones, afirmó César Jáuregui Robles, secretario General de Gobierno.

Al negar la aprobación del proyecto del Sistema Estatal Anticorrupción, el Congreso del Estado se perjudicó a sí mismo, ya que se contemplaba cederle atribuciones que actualmente son exclusivas del Poder Ejecutivo, como es la designación del fiscal Anticorrupción, añadió.

Luego de que el pleno del Congreso postergara la votación del proyecto de reformas para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, durante la sesión extraordinaria celebrada el lunes pasado, Jáuregui Robles consideró que algunos grupos parlamentarios tenían una situación de rechazo hacia el proyecto, pero lo hicieron sin analizar la iniciativa a fondo.

Jáuregui Robles explicó que el sistema propuesto por el Ejecutivo va dirigido a la observancia, vigilancia, fiscalización de los recursos, programas, licitaciones, financiamientos y en general, a la forma en cómo se maneja el dinero en las administraciones públicas, o sea en los gobiernos ejecutivos.

El Congreso mismo tendrá un papel preponderante, ya que este sistema le da atribuciones con mucho mayor detalle y profundidad, como la designación del fiscal anticorrupción, que a diferencia de otros estados, aquí se pasa totalmente al Congreso del Estado para ser votado por dos tercios del pleno, indicó el funcionario.

El secretario aseveró que se tiene que cumplir con una fecha que establece a nivel federal, que es el 18 de julio, para contar con un marco jurídico adecuado.

En conferencia de prensa conjunta con la titular de la Secretaría de la Función Pública, Rocío Stefany Olmos Loya, el pasado 10 de julio, el funcionario concordó en la validez de estar en desacuerdo por ser oposición, “pero que se diga, también existen ocasiones que las iniciativas se rechazan por ignorancia”, apuntó.

En su intervención, la secretaria de la Función Pública, Rocío Stefany Olmos, dijo que la encuesta de calidad de impacto gubernamental realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reflejó que la segunda causa de preocupación de los ciudadanos de Chihuahua es la corrupción.

En esa misma encuesta, Chihuahua quedó en tercer lugar a nivel nacional, con una tasa de 36 mil actos de corrupción por cada 100 mil habitantes. Además, la encuesta nacional de calidad regulatoria arrojó que el 84 por ciento de los chihuahuenses opina que la corrupción es una situación frecuente o muy frecuente en la entidad.

Lamentó que en Chihuahua, en años anteriores, fallaron los pesos y contrapesos, porque hubo alguien que no hizo su función, ni en la Contraloría, ni en la Auditoría.

Detalló que ahora existirá un sistema que contempla un comité coordinador, el auditor, fiscal anticorrupción, secretario de la Función Pública, una sala de justicia administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), el presidente del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información (Ichitaip) y un representante del Consejo de la Judicatura, y ese comité será presidido por un ciudadano.

La secretaria dio a conocer que los titulares de diversos organismos, como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), el Ichitaip, el Instituto Estatal Electoral (IEE) y el Tribunal Estatal Electoral, serán nombrados por el Congreso y se pondrán reglas a nivel constitucional, que deben cumplir quienes sean contemplados para desempeñar esta función. Por ejemplo que en los cinco años previos no pueden haber sido dirigentes o candidatos de algún partido político.

Olmos, afirmó que el Sistema va acompañado de una serie de reformas, como una al Código Penal, para incrementar las sanciones a funcionarios públicos que cometen delitos, toda vez que actualmente no están considerados como delitos graves. Agregó que este es el primer paso para avanzar en esta materia, para lo cual es preciso que se apruebe la propuesta enviada al Congreso.

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